El Ministerio Público Fiscal avanza en la causa en contra de un técnico constructor y el dueño de una empresa constructora, acusados de no haber cumplido con lo pactado a una familia que los contrató para que se encargaran de la obra de su vivienda en un country de Yerba Buena. Los daños generados habrían sido por una suma aproximada de $70 millones (a precio actual). El martes la Justicia rechazó la reparación económica de $7 millones ofrecida por uno de los imputados en el marco de una probation, al considerar que el monto era irrazonable. Hoy la Fiscalía notificó a la querella de la familia que ya se solicitó la apertura de elevación a juicio, dejando en claro la nula intención de cerrar el caso mediante una salida alternativa.
La historia comenzó en noviembre de 2020, luego de que un matrimonio celebrara un contrato con M.M.L., y los hermanos F.A.G., y C.F., para la edificación de una vivienda en un country de Yerba Buena, ubicado en la calle La Rioja al 3.500. En diciembre de ese año el plano de la obra fue aprobado por los colegios de Arquitectos y Profesionales Técnicos de Tucumán.
Pero lo que parecía ser el primer paso para cumplir el sueño de la casa propia se vio sucumbido cuando las víctimas notaron que los acusados no sólo no habían cumplido con el plano sino que pusieron en riesgo su integridad al no cumplir con los mínimos parámetros y la no colocación de materiales necesarios, provocando serias fallas estructurales.
El matrimonio realizó la denuncia correspondiente en el Fuero Civil y posteriormente se abrió un legajo en el Fuero Penal, que recayó sobre la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, que conduce María del Carmen Reuter. Al ser un delito poco usual y casi desconocido, la investigación no fue tarea sencilla.
Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes, Florencia Abdala y Camilo Atim, tuvieron que solicitar una serie de pericias y contactar a ingenieros y arquitectos especializados que analizaran la obra y explicaran cuáles habían sido los daños ocasionados para probar que la denuncia era cierta y que había pruebas para acusar a los señalados.
En octubre de 2024, el MPF imputó al técnico constructor M.M.L., como coautor del delito de estafa agravada por fraude en materiales de construcción. En octubre se formularon cargos por el mismo delito a los hermanos F.A.G., y C.G. El primero sería el copropietario de la empresa y la segunda, la responsable de la administración.
Según la teoría fiscal, “la obra fue ejecutada entre febrero de 2021 y marzo de 2023 sin respetar los planos ni las planillas de estructuras aprobadas por los organismos competentes. Las tareas se realizaron con materiales en cantidad y calidad inferiores a los exigidos, omitiendo elementos estructurales clave como vigas y columnas. Estas falencias fueron especialmente críticas en sectores de alto riesgo como el voladizo del dormitorio principal y el garaje, los cuales presentaban peligro de derrumbe”.
Oferta rechazada
El martes 22, el defensor de F.A.G., Franco Venditti, presentó ante las partes una suspensión de juicio a prueba en la cual el imputado se ofreció a pagar una reparación económica de $7 millones, en tres cuotas (dos de $2.5 millones y una de $2 millones). También se comprometió a realizar tareas comunitarias durante dos horas semanales durante los próximos 24 meses en la capilla San Jorge, ubicada en Granadero de San Martín y calle Pellegrini, y someterse a reglas de conducta.
Rechazan pedido de probation para el dueño de una constructora acusado de estafa agravada“Entendemos que sería una propuesta superadora en términos de poner fin a este conflicto en la sede penal, sin perjuicio de que la víctima pueda hacer prosperar su reclamo y conseguir una indemnización”, sostuvo el abogado. También explicó que el monto de la reparación económica era tal porque el imputado tiene a cargo a su hijo menor de edad y actualmente se desempeña como albañil, cobrando un sueldo de $200.000.
La propuesta fue contundentemente rechazada por el MPF y la querella. “Quien está ahí sentado es el dueño de una constructora y por tanto la justificación respecto de la falta del sustento económico para hacer frente a la reparación del daño no es suficiente”, dijo la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomío. “Si bien el daño fue en principio por $18 millones, no se está contando el resto de la historia. La familia tuvo que invertir con posterioridad alrededor de $35 millones a los fines de que la vivienda no se venga abajo. No solo se ha implicado un perjuicio patrimonial sino que también se puso en riesgo la integridad psicofísica de la familia porque su sueño de tener una vivienda propia se vio frustrado. Hay una de esta Fiscalía de llevar la causa a un juicio oral y público”, agregó.
En el mismo sentido opinó Atim. El querellante argumentó que el ofrecimiento reparatorio no era razonable teniendo en cuenta el daño patrimonial causado. “Todos los peritos que han intervenido en la presente causa hablan de una mala praxis en la construcción de la casa de mi cliente dada por la falta de colocación de materiales, por la mala calidad de los materiales puestos y por el faltante de vigas. Todos concluyeron en que hay un compromiso en la seguridad estructural, incluso uno de los ingenieros recomendó la demolición de un sector de la casa por el peligro de derrumbe. Esto representa un peligro para mi cliente, para su familia y para los habitantes del country”, dijo. También presentó una actualización del presupuesto de 2023 para reparar los daños, realizada por medio del Banco Nación e informó que el monto actual asciende a $70 millones.
El juez Fernando Zottoli coincidió con los planteos realizados por la parte acusatoria y resolvió rechazar la probation propuesta por la defensa de F.A.G. Ayer el MPF notificó a la querella del requerimiento de apertura a juicio oral en contra de F.A.G y M.M.L. Antes de la feria judicial solicitó el sobreseimiento de C.F, el cual fue aceptado por la jueza Lorena Rocha. Sin embargo dicha sentencia no quedó firme ya que los querellantes impugnaron la resolución y están a la espera de la audiencia correspondiente.